{"id":1005,"date":"2016-09-13T15:14:39","date_gmt":"2016-09-13T15:14:39","guid":{"rendered":"http:\/\/temp.hlf.com.ar\/?p=1005"},"modified":"2020-02-24T00:10:32","modified_gmt":"2020-02-24T03:10:32","slug":"depreciacion-de-las-penas-en-las-infracciones-aduaneras","status":"publish","type":"novedades","link":"https:\/\/hlf.com.ar\/en\/novedades\/depreciacion-de-las-penas-en-las-infracciones-aduaneras\/","title":{"rendered":"DEPRECIATION OF PENALTIES IN CUSTOMS OFFENSES"},"content":{"rendered":"\n\n\n\n\n\n
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Pablo Sebasti\u00e1n BorgnaPara analizar la cuesti\u00f3n de la depreciaci\u00f3n de las penas en las infracciones aduaneras comenzaremos por recordar el origen del derecho administrativo sancionador.<\/p>\n

En 1968, al estudiar un caso de infracciones tributarias (es decir las relacionadas a los impuestos internos, recaudados por la DGI), la Corte sostuvo que resultaba de aplicaci\u00f3n un principio elemental del derecho penal al \u00e1mbito infraccional: el de culpabilidad (Parafina del Plata SA, fallos: T. 271 P. 297).<\/p>\n

El pronunciamiento en materia aduanera no se hizo esperar demasiado, puesto que la Corte avanzo en id\u00e9ntica direcci\u00f3n, e incluso fue m\u00e1s all\u00e1, afirmado en dos fallos (en 1973 y 1974) “que la multa aduanera resulta alcanzada por los principios generales del derecho penal, y que tienen car\u00e1cter represivo, aunque reconocen un inter\u00e9s fiscal accesorio en la percepci\u00f3n de las multas” (Miras, Guillermo Sacif, fallos T. 287 P.76, y Papelera Hurlingham, fallos T. 288 P.356).<\/p>\n

M\u00e1s tarde, en 1978, se dicta la ley 21.898 que en su art\u00edculo 10\u00b0 pretend\u00eda mantener inc\u00f3lume el castigo y el inter\u00e9s fiscal accesorio que fue reconocido en el marco de las infracciones aduaneras.<\/p>\n

El C\u00f3digo Aduanero hoy vigente (desde 1981) mantuvo ese criterio previendo la actualizaci\u00f3n de la multa en su art\u00edculo 926, y esto fue criticado por prestigiosa doctrina que entiende que el criterio del curso de los intereses reci\u00e9n se computa desde que queda firme (desde que se consiente, o desde que no existe v\u00eda recursiva), toda vez que la misma cumple una funci\u00f3n punitiva y no recaudatoria.<\/p>\n

A esta altura, parece ilustrativo a\u00f1adir una distinci\u00f3n omitida.<\/p>\n

Mientras que el inter\u00e9s es el provecho, utilidad, ganancia o lucro producido por el capital, la actualizaci\u00f3n alude a lograr que algo se vuelva actual, es decir, conseguir que “mantenga su valor”.<\/p>\n

Pero a pesar de lo que establec\u00eda el C\u00f3digo Aduanero (sancionado en 1981) hacia adelante, en 1982 la Corte se pronunci\u00f3 en el caso “D\u00b4Ambra, Salvador Osvaldo c\/ Naci\u00f3n Argentina” (fallos T. 304 P. 849) declarando la inconstitucionalidad de la ley 21.898 porque modificaba el r\u00e9gimen de penalidades, incorporando, en la determinaci\u00f3n de su monto, un reajuste no contemplado por las normas vigentes al momento de cometer la infracci\u00f3n.<\/p>\n

Esta circunstancia provoc\u00f3 la depreciaci\u00f3n de las multas aduaneras, y reci\u00e9n en 1992 la Corte revi\u00f3 su postura en el caso Bruno Hnos SC (B.175 23) explicando que el art\u00edculo 10\u00b0 de la ley 21.898 no har\u00eda m\u00e1s gravosa la pena, sino que mantiene el valor econ\u00f3mico real de la moneda frente a su progresivo envilecimiento.<\/p>\n

En ese mismo fallo se se\u00f1al\u00f3 que las sanciones para las infracciones aduaneras, en el caso, se encuentran directamente relacionadas al valor de la mercader\u00eda objeto de infracci\u00f3n, raz\u00f3n por la que el monto nominal expresado resulta susceptible de ser actualizado por la depreciaci\u00f3n monetaria, en la medida en que por el efecto de dicha actualizaci\u00f3n no se altere la relaci\u00f3n entre la cuant\u00eda de la sanci\u00f3n y el valor de la mercader\u00eda que sustenta la multa (a\u00fan cuando el fallo es anterior, respeta la ley 24.283, pues no permite la indexaci\u00f3n).<\/p>\n

Este nuevo camino que propone la Corte luce coherente, pues la multa se fija sobre la base del valor de la mercader\u00eda en infracci\u00f3n, importada o exportada, y no habr\u00eda motivo valido como para “no mantenerla atada a tal baremo”.<\/p>\n

Sin embargo, la infracci\u00f3n aduanera enfrent\u00f3, en 1991, otro l\u00edmite a la actualizaci\u00f3n: el art\u00edculo 10\u00b0 de la ley 23.928.<\/p>\n

En un contexto especial para el pa\u00eds (la llegada de la convertibilidad), el art\u00edculo 926 del C\u00f3digo Aduanero qued\u00f3 derogado, y as\u00ed sigue hasta la fecha.<\/p>\n

En el caso de las infracciones aduaneras mucho se habl\u00f3 de la protecci\u00f3n de los bienes jur\u00eddicos tutelados, pero no se repar\u00f3 tanto en la b\u00fasqueda de criterios de racionalidad a la hora de la imposici\u00f3n de penas, permiti\u00e9ndose su depreciaci\u00f3n.<\/p>\n

Situaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

Ahora bien, cabe preguntarse qu\u00e9 sucede cuando una mercader\u00eda ingresa al amparo de un r\u00e9gimen de importaciones temporarias (sin el pago de derechos ni otros impuestos), y no retorna al exterior, “quedando en territorio aduanero argentino”. Obviamente esa mercader\u00eda ser\u00e1 vendida dentro del territorio aduanero, y as\u00ed, el importador (infractor) competir\u00e1 dentro del mercado “con la ventaja de no haber pagado los impuestos que otros pagaron”.<\/p>\n

Si la multa firme se paga depreciada (comparada al valor de la mercader\u00eda), puede resultar m\u00e1s barato infringir que hacer las cosas como se debe, puesto que tras un largo proceso judicial (transcurren en promedio cinco a\u00f1os) el valor de la mercader\u00eda cambia.<\/p>\n

\u00bfLe cuesta lo mismo al infractor hacerse cargo de esa multa cuando la Aduana la impuso (hoy), que cinco a\u00f1os m\u00e1s tarde? \u00bfEsta multa (que ingresar\u00e1 en las arcas del Estado y que servir\u00e1 a la comunidad) tiene el mismo valor real hoy, que el que tendr\u00e1 cinco a\u00f1os despu\u00e9s?<\/p>\n

La imposibilidad de actualizar sumas de dinero de manera generalizada (ley 23.928) tuvo como efecto la depreciaci\u00f3n de la multa aduanera, que es tambi\u00e9n una acreencia estatal.<\/p>\n

Esta circunstancia, luego de 25 a\u00f1os (la ley 23.928 rige desde 1991) deber\u00eda ser revisada por nuestro legisladores, no con el objeto de eliminar toda norma que impida actualizar deudas, sino para permitir actualizaciones razonables “con el fin de reprimir distorsiones operativas eficazmente”.<\/p>\n

La imposibilidad de que una deuda se actualice tras un proceso judicial genera que -con plena conciencia de su sinraz\u00f3n, sabiendo que no le asisten motivos valederos para litigar- muchos litiguen para depreciar las multas, abusando de del derecho a la jurisdicci\u00f3n. As\u00ed, el proceso judicial se vuelve un recurso para evitar o dilatar el pago de lo que se debe o para lograr, acaso, una reducci\u00f3n encubierta de la pena. Es por ello que las multas por infracciones aduaneras deber\u00edan mantener alg\u00fan tipo de relaci\u00f3n con el valor de la mercader\u00eda.<\/p>\n

El autor es abogado especialista en derecho aduanero por la Procuraci\u00f3n del Tesoro<\/p>\n

FUENTE: LA NACI\u00d3N<\/span>\u00a0<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

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Pablo Sebasti\u00e1n Borgna To analyze the question of the depreciation of penalties in customs offenses, we will begin by remembering the origin of administrative sanctioning law. In 1968, when studying a case of tax offenses (that is, those related to internal taxes, collected by the DGI), the Court held that a principle was applicable [\u2026]<\/p>","protected":false},"featured_media":0,"template":"","yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n