| por ESTEBAN RAFELE erafele@cronista.com
La administración de Cristina Fernández trabaja para que las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) sobrevivan al fallo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que exigió al país suprimir trabas a la importación y que deberá ejecutarse el próximo 31 de diciembre, según supo El Cronista de fuentes al tanto de las tratativas.
La intención oficial es que el sistema de administración de comercio (o de restricción, según sus críticos) perdure. En todo caso, será la próxima gestión la que decida su remoción. Pero el Ministerio de Economía lejos está de admitir el fin de las DJAI desde el último día del año, algo que se repite en círculos empresarios desde hace meses.
Ante una demanda de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, la OMC confirmó, el pasado 15 de enero, un fallo que obliga a Argentina a cesar con medidas que restringen importaciones, tanto escritas como no escritas.
Entre estas últimas, precisó el panel de la OMC, “la Argentina no debería continuar requiriendo a las empresas extranjeras limitar sus importaciones, compensar el valor de sus importaciones con exportaciones equivalentes, invertir en el país y mantener allí sus beneficios, o usar una cierta cantidad de contenido argentino en sus productos”. La OMC también exigió que las empresas puedan girar sus utilidades al exterior. Y, en cuanto a las DJAI, indicó que el sistema deberá adecuarse al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés).
De esto último se agarra el Gobierno para proponer la supervivencia de las DJAI. En la lectura oficial, adecuar las Declaraciones Juradas implica sistematizar su funcionamiento, dar fundamento a las empresas cuando sus DJAI son rechazadas y permitirles subsanar el problema. Formalmente, dice el Ejecutivo, la DJAI es un sistema que permite recopilar y anticipar información aduanera que no colisiona con los preceptos de la OMC. Aunque, en los hechos, sea la herramienta que permite negociar con las empresas el manejo de las divisas y la sustitución de importaciones.
Eso será lo que llevará la delegación argentina a la mesa de negociaciones con Estados Unidos, Europa y Japón, el 31 de diciembre. Ese día, según acordaron las partes, vence el “plazo prudencial” para poner en ejecución la resolución de la OMC.
Más plazo
A partir de ahí se abren varios escenarios. En la lógica del Gobierno, ante la negativa de los demandantes a aceptar los cambios en las DJAI comenzaría una instancia que puede llevar a conformar un panel para definir qué retaliaciones le aplicarían al país los que ganaron la mediación. Ese proceso puede durar un año y, confían en el Ejecutivo, no existen antecedentes de sanciones comerciales a un país en el marco de la OMC.
Otro escenario es que el nuevo Presidente pida a los demandantes más tiempo para negociar por el cambio de gobierno. “Es altamente probable que las nuevas autoridades pidan un plazo adicional, unos pocos meses, y es muy probable que los denunciantes lo concedan”, afirmó a El Cronista Marcelo Elizondo, director de la consultora DNI.
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Adrián Kaufmann, coincidió: “Va a haber un nuevo Gobierno, que va a contar con entre 60 y 90 días hasta que las DJAI se terminen de eliminar por completo”, dijo en diálogo con la prensa. La posición de la UIA es ambivalente. Por un lado, reclama no trabar el ingreso de insumos. Por otro, admite (sobre todo los empresarios pyme) que las DJAI protegen a las manufacturas.
Los equipos técnicos de los candidatos a presidente trabajan en sustitutos para las DJAI que permitan proteger a la industria, sobre todo a los sectores sensibles, pero sin enfrentarse a la OMC y a las potencias demandantes.
Las cámaras sectoriales proponen reglamentos técnicos de calidad, legislaciones espejo, trabas fitosanitarias y otros regímenes que, sin ser contrarios a los dictados de la OMC, restringen importaciones.
SOURCE: CHRONIST |
