por ARIEL ALBERTO NEUMAN
De la ilusión al desencanto, las modificaciones que se han hecho hasta ahora mantienen vigentes un tradicional alto grado de discrecionalidad en manos de los funcionarios que abren y cierran las puertas de importaciones y exportaciones, mientras que las medidas de mediano y largo recién ahora comienzan a asomar.
Discrecionalidad, se encargan de explicitar varios de los consultados, implica falta de transparencia y hasta pedidos de “favores” para liberar tal o cual mercadería. “Hay que diferenciar según se trate de la aduana propiamente dicha, de los temas de comercio exterior que han quedado bajo la órbita del Ministerio de la Producción, de Cancillería, o de otros ministerios como Agroindustria”, matiza Adrián Míguez, socio del estudio Carena, en el que se percibe “un notorio profesionalismo y cambio de ánimo en los actores frente a las propuestas del organismo”.
Su socio, Carlos Lascano, es más escéptico en lo que respecta estrictamente a la aduana. “El comercio exterior de nuestro país necesita imperiosamente una aduana íntegra y eficiente, y en ambos aspectos la institución ha venido declinando sensiblemente durante la última década.
La aduana debe cumplir su misión de contralor sin entorpecer más allá de lo necesario las importaciones y exportaciones. Toda demora en el despacho de las mercaderías se traduce en costos operativos de magnitud que perjudican y desalientan a los operadores, más aún cuando son innecesarias”, apunta Lascano. Y agrega que el sector “espera un cambio radical en el funcionamiento”. Algo que ahora “no se nota”.
Sin pretender ser crítico con una gestión recién iniciada, Lascano, del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros y presidente de la institución entre 2005 y 2007, incluye entre los pendientes la reducción de los tiempos que se toma la aduana para liberar mercaderías detenidas por infracciones; la falta de transparencia en muchos procedimientos; la carencia de manuales de procedimientos que definan claramente las acciones que deben seguir los funcionarios y limiten al máximo las discrecionalidades.
Por su parte, Enrique Barreira, titular de BRSV Abogados, señala que “el hecho de que las nuevas autoridades sean más consideradas” no significa que “el arma que apunta contra los administrados no siga existiendo y que tenga el gatillo montado”. Para Barreira, el daño que caracterizaron a las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) y las licencias de importación en el pasado sólo depende de la diversa actitud que asuma quien gobierne. “Para evitar discriminación, desigualdad, favoritismo y falta de transparencia, se debe desarmar ese peligroso mecanismo y no tentar al funcionario de turno para que las use en beneficio de sus amigos o en perjuicio de sus enemigos”, detalla.
Para los desprevenidos, las DJAI no existen más. En la práctica, existen con otro nombre y algunas diferencias que no terminan de hacer al fondo de la cuestión. Ante el compromiso internacional e interno de eliminar las DJAI, el Gobierno estableció un doble sistema: el Integral de Monitoreo de Importaciones -SIMI- (RG AFIP 3823) y las licencias previas de importación (Resolución 5/2015 Min. Prod.).
Más frentes que atender
En línea con lo anterior, desde Deloitte, Cynthia Calligaro, Tax & Legal Senior Manager, advierte sobre tres cuestiones en el plano regulatorio que probablemente impactarán en el desarrollo del comercio exterior. “En el corto plazo, vemos factible que los importadores afectados por demoras injustificadas en el otorgamiento de Licencias No Automáticas (LNA) comiencen a judicializar su gestión”, analiza la abogada.
La Argentina había discontinuado la aplicación de las LNA (que en su momento afectaban a unas 600 familias de posiciones arancelarias) cuando se generalizó la aplicación de las DJAI. Las DJAI fueron reemplazadas por el SIMI, en forma conjunta con la reimplantación de las Licencias de Importación, Automáticas o No Automáticas (LAI y LNA respectivamente), aplicables para unas 1.300 posiciones. “Si, en lugar de comenzar a acortarse los plazos para el otorgamiento de las LNA, los mismos se extienden, creemos que tanto importadores locales como exportadores no residentes comenzarán a recorrer el mismo camino con las LNA que oportunamente los llevó a cuestionar las DJAI”, observa Calligaro. Por otra parte, “una reducción en el número de posiciones alcanzadas y una simplificación del mecanismo sería una señal de éxito del desarrollo positivo del país en el entorno del comercio internacional”, agrega.
Para el mediano y largo plazo, en tanto, en Deloitte, prevén que, como resultado de la aplicación de medidas concretas a ser adoptadas en el marco del plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios encarado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, muchas empresas multinacionales deberán reevaluar sus cadenas de suministro, mientras que las autoridades aduaneras contarán con mayor información relativa a la determinación del precio de los productos, lo que “sin duda, elevará el nivel de judicialización de controversias relativas a la determinación del valor en aduana de los bienes transados”.
De allí que la ejecutiva de la auditora considera que “el ordenamiento del marco normativo de valoración ampliado, así como la introducción de mecanismos consultivos que otorguen una mayor seguridad respecto a los mecanismos de valoración utilizados, claramente serían una buena medida tendiente al fortalecimiento del desarrollo de nuestro comercio exterior”.
Atado a lo anterior, para Pablo Gayol, socio de Marval, O’Farrell & Mairal, el desafío principal, hoy, pasa por ayudar a las empresas que pueden estar afectadas por la eliminación de las restricciones a la importación a obtener medidas que las protejan y que sean compatibles con los compromisos internacionales de la Argentina. El Gobierno, contextualiza, tiene como uno de los ejes principales insertar al país en la economía global. Mostró interés en participar del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica y en acuerdos con la UE. “Hay una presión muy fuerte por cumplir con los acuerdos existentes, especialmente los de la OMC. Esto lleva principalmente, a evitar continuar con las restricciones cuantitativas, el sistema de cuotas de importación, que existía hasta diciembre pasado”, agrega el abogado de MOM, al tiempo que advierte que “la eliminación del sistema de cuotas genera una fuerte tensión en la economía”.
En ese contexto, uno de los desafíos de los abogados que trabajan en comercio exterior es ayudar a los clientes locales a encontrar formas para protegerse de la competencia de las importaciones dentro del marco de los tratados internacionales de los que la Argentina es parte (o bien protegerse de estas restricciones si el cliente es el exportador o importador).
“La principal herramienta son las medidas antidumping. La imposición de estas medidas requiere demostrar que las importaciones se realizan a precios de dumping, es decir, que el precio de exportación es más bajo que el precio doméstico en el mercado de exportación. Si bien no es fácil de obtener una medida antidumping, una vez que se obtiene otorga una protección muy efectiva por un largo plazo”, afirma Gayol.
También las regulaciones técnicas, sanitarias, fitosanitarias y alimentarias pueden tener efecto protector sobre la industria local, pero estas regulaciones deberían adecuarse a las normas de la OMC que prohíben ciertas restricciones al comercio, agrega el abogado. Muchos países utilizan estas regulaciones técnicas como verdaderas barreras para-arancelarias. Hay algunos participantes que están analizando la manera de introducir regulaciones técnicas que permitan proteger sus industrias.
El Gobierno se comprometió a no imponer un sistema de cuotas para demostrar que cumple sus compromisos internacionales. Sin embargo, todas las normas necesarias para establecerlo están vigentes y algunas, incluso, fueron restauradas por la nueva administración. No hay más DJAI, pero están las SIMI, que son casi idénticas y, ahora, retornaron las licencias no automáticas”, coincide. Para ciertos especialistas, el nuevo marco del comercio administrado resulta igual de trabajoso.
Dicho todo lo anterior, hasta ahora, el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones y las licencias se están otorgando “con normalidad” y no hay mayores quejas de los importadores, salvo algunas demoras puntuales.
El principal interrogante entre los abogados del sector es si el Gobierno va a poder mantener abiertas las importaciones o cederá a las presiones de la industria doméstica para impondrá, nuevamente, restricciones al comercio exterior que vivió el país en el pasado.
SOURCE: EL CHRONISTA